Las autoridades de Nicaragua han intensificado su “ataque sistemático contra las organizaciones religiosas”, expulsando a 42 sacerdotes y seminaristas en el último año, según destacó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La entidad también denunció que la represión contra activistas se ha extendido a sus familiares.

Christian Salazar, director de operaciones de la oficina, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe que muestra un aumento en la persecución de opositores, que también afecta a instituciones religiosas. Desde 2018, al menos 1,103 de estas entidades han sido cerradas, informó Salazar, quien también mencionó detenciones arbitrarias de religiosos, juicios sin garantías y expulsiones.

Este ataque ha “erosionado profundamente el derecho a la libertad de conciencia y religión”, dejando a la sociedad cada vez más vulnerable y silenciada, afirmó Salazar. Además, explicó que el cierre de instituciones responde a la política del gobierno de Daniel Ortega de cancelar la personalidad jurídica de diversas organizaciones.

En agosto pasado, se ordenó el cierre de 1,500 organizaciones en un solo día, 700 de ellas religiosas, lo que eleva el total de entidades disueltas desde 2018 a más de 5,000. Esto ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y ha agravado la crisis social y económica en Nicaragua, señaló Salazar.

El informe también denunció que los familiares de activistas y opositores son amenazados para que no hablen de los casos, bajo la presión de perder derechos de visita o enfrentar más encarcelamientos. Además, Salazar expresó preocupación por la reciente reforma del Código Penal y leyes relacionadas con el lavado de dinero, que podrían intensificar la represión, especialmente contra los exiliados y extranjeros.

Finalmente, el informe destacó que, aunque 141 personas seguían detenidas arbitrariamente, la semana pasada 135 fueron liberadas y desterradas a Guatemala.